Published On: Dom, Abr 6th, 2014

Más de 20 empresarios investigados por compra de facturas falsas, delitos contables y tributarios en Osorno

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siiUna investigación que se ha calificado como «delito de alta complejidad» se está llevando al interior de la Fiscalía de Osorno en el marco de un proceso judicial iniciado con la presentación de una querella en contra de un conocido  contador identificado con las iníciales  I.C.N.

La querella criminal fue presentada en el Tribunal de Garantía de nuestra ciudad y fue acogida en agosto del 2012 iniciándose una serie de diligencias a fin de determinar la responsabilidad de un grupo cercano y superior a las 20 personas que habría participado de la compra de » facturas  ideológicamente falsas».

La causa cuyo  RIT   Ordinario es la  4242-2012 ,  RUC :  1210022109-6 y  cuyo detalle de proceso se encuentra disponible a traves del sitio web del poder judicial contempla una denuncia especifica contra el ex -contador quien llevo la contabilidad de una  empresa osornina por casi 19 años y  a quien se le acusa de Apropiación de dineros destinado al pago de IVA y apropiación del PPM;  Contabilización de boletas ideológicamente falsas;  Venta de facturas autenticas e ideológicamente falsas a terceros;  Aumento de la base imponible del impuesto a la renta por gastos rechazados a fin de encubrir posible accionar delictivo en gestión contable, administrativa y tributaria. Apropiación y ocultamiento de libros y documentación contable, Falsificación y uso malicioso de documento público.

En una ampliación de la querella se anexo el delito de apropiación indebida por una suma superior a los 49 millones de pesos; También se indica y señala  la venta irregular de facturas a terceros con quienes la empresa querellante no tenía ninguna relación comercial  y que representan giros que no guardan ninguna vinculación con la empresa querellante, desconociéndose los motivos de la emisión de facturas. Son en total 75 facturas a 22 empresas por montos superiores a los 403 millones de pesos. situación que se venía repitiendo y en aumento desde el año 2009, 2010 y 2011 respectivamente.

Estas operaciones ficticias obligaron a la empresa querellante a  cancelar IVA por 64 millones de pesos antes de detectar el irregular procedimiento, A  esto se debe sumar una serie de pagos que dicen relación a otras irregularidades como traspaso irregular de IVA debito,  Pago de Impuesto a la renta sobre mayor base imponible, giros al SII por años 2009, 2010 y 2011 y liquidación SII de IVA, Renta Global y complementarios  lo que habría generado a la empresa querellada prejuicios por $641 millones de pesos.

Frente a esta delicada situación la parte querellada ha solicitado una orden amplia de investigar a la BRIDEC de la PDI en base a los antecedentes entregados y aportados por un perito judicial y un lapidario informe que da cuenta de las irregularidades denunciadas.

Así mismo se ha solicitado que la Dirección Regional del SII se haga parte de una investigación por venta de facturas falsas  y que se cite a declarar a todos los involucradas en esta millonaria operación que involucra a una gran cantidad de empresarios osorninos.

Lo extendido del proceso investigativo y los nulos avances de la investigación comienzan a despertar algunas dudas, sospechas e  inquietudes frente a la conocida vinculación de algunos de los empresarios involucrados en estos hechos  tanto con funcionarios de la oficina local del Servicio de Impuestos Internos, como con la Policía de Investigaciones y la misma fiscalía «no descartándose» que al menos una de las «facturas ideológicamente falsas» fuese presentada en reparticiones públicas para generar pagos indebidos y aun no clarificados.

Consultada la oficina del Servicio de Impuestos Internos en Osorno se indicó que toda respuesta a nuestras consultas se deberán remitir al Departamento Jurídico de la Dirección Regional del SII. Mientras que en el transcurso de la Semana la fiscalía de Osorno podría referirse al tema al igual que la Policía de Investigaciones. Extraoficialmente se ha expresado que se trata de un delito de «alta complejidad» lo que dificulta los avances en materia de investigación y resolución judicial.

Cabe señalar que frente a los antecedentes aquí expuesto corresponderá en definitiva  a la justicia determinar las responsabilidades y sanciones frente a este hecho.

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